Oportunidad para examinar de oficio la competencia

Un juzgado federal de Posadas hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida contra una compañía de seguros. Al tiempo de resolver los recursos de apelación deducidos contra esa sentencia, la Cámara Federal de Posadas se declaró incompetente de oficio y ordenó la remisión de la causa a la justicia provincial de Misiones. La Corte dejó sin efecto este pronunciamiento. Señaló que en atención al estado procesal de la causa, en la que ya se había dictado sentencia definitiva, la cámara no se hallaba facultada para examinar de oficio la competencia. En efecto, la resolución atinente a la aptitud jurisdiccional de un tribunal no puede ser adoptada en cualquier estado del proceso, sino que debe sujetarse a las oportunidades establecidas por los artículos 4, 10 y 352 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo cual reconoce basamentos vinculados con la seguridad jurídica y la economía procesal. Agregó que no obsta a ello lo previsto en el artículo 352 in fine, del código mencionado, en cuanto autoriza a los jueces federales con asiento en las provincias a declarar su incompetencia en cualquier estado del proceso, ya que el ejercicio de esa facultad excepcional deviene impropio en supuestos en los que media un pronunciamiento sobre el fondo y constituye un exceso de rigor formal, pues sin perjuicio del orden público implicado en las reglas que regulan la competencia, igual tenor revisten las tendientes a lograr la pronta terminación de los procesos, en tanto no se opongan a ello principios fundamentales que pudieran impedirlo. Concluyó así que la cámara no se encontraba habilitada para examinar la competencia en la oportunidad en que lo hizo y que su jurisdicción se hallaba limitada al análisis de los recursos de apelación deducidos contra la sentencia de primera instancia. Recurso Queja Nº 3 - PEREZ, GUSTAVO RAMON c/ LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS S.A Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Recurso extraordinario y recurso de queja invocando la calidad de gestor

Un abogado interpuso un recurso de queja invocando la calidad de gestor del actor, de conformidad con la facultad prevista en el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Corte expresó que la norma mencionada admite la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos pero establece que dicha facultad sólo podrá ejercerse una vez en el curso del proceso. Señaló que de las constancias de la causa resultaba que el letrado patrocinante del actor, en oportunidad de interponer el recurso extraordinario federal, había hecho uso de la facultad acordada en el mencionado artículo 48 por lo que, en atención a sus claros términos, el profesional no podía recurrir nuevamente a esa facultad al deducir la presentación directa ante la Corte. En consecuencia, y toda vez que el escrito de interposición del recurso de queja solo contaba con la firma del letrado patrocinante, el Tribunal consideró que constituía un acto jurídico inexistente y no susceptible de convalidación posterior y desestimó la queja. Recurso Queja Nº 1 - CASCANTE, ALEJANDRO EDUARDO c/ EN-ANAC s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

Depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: previsión presupuestaria

Ante la falta de presentación en término de la constancia documental prevista en el artículo 2° de la acordada 47/91 el Secretario del Tribunal tuvo por caduco el acogimiento e intimó a la recurrente para que, dentro del quinto día, acreditase la realización del depósito establecido en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, bajo apercibimiento de desestimar la queja sin más trámite. En la misma fecha la recurrente adjuntó la constancia documental omitida y luego interpuso recurso de reposición contra dicha providencia. Alegó que la previsión presupuestaria fue expedida el mismo día en que se interpuso la queja y su falta de acompañamiento al momento de presentar el escrito titulado “acredita previsión presupuestaria” obedeció a un error. La Corte rechazó este planteo de revocatoria. Recordó que el diferimiento del pago del depósito se encuentra contemplado en la acordada mencionada como un beneficio por el que pueden optar los sujetos mencionados en el artículo 2° de la acordada 66/90, el cual dispone que, a tal efecto, el recurrente deberá expresar su voluntad al interponer la queja y acompañar, dentro del quinto día, la constancia documental pertinente. También, que el incumplimiento de cualquiera de estos dos requisitos importa automáticamente la caducidad del acogimiento. Señaló el Tribunal que, si bien la recurrente hizo opción del diferimiento al interponer la queja, no acompañó la previsión presupuestaria dentro del quinto día de interpuesto el recurso sino cuando ya había vencido el plazo previsto para ello, lo que importó la caducidad automática del acogimiento. Destacó que lo relevante es la fecha de presentación de la referida constancia y no el día en que fue solicitada o emitida por el órgano administrativo correspondiente. Recurso Queja Nº 1 - RIEL S.R.L. c/ AFIP-DGI s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

Extradición a los Estados Unidos de América: confirmación de la sentencia que la declaró procedente

El Juzgado Federal N° 2 de Neuquén declaró procedente la extradición del requerido a los Estados Unidos de América por haber sido acusado de integrar una organización dedicada a la fabricación, contrabando y distribución de cocaína, y haber cometido los delitos de fraude electrónico y lavado de dinero. La defensa particular dedujo recurso ordinario ante la Corte. El Tribunal rechazó los agravios planteados y confirmó la sentencia recurrida. En lo que respecta al motivo vinculado con la desigualdad numérica entre los funcionarios del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en el debate frente a los dos asistentes técnicos que representaron al requerido como base para fundar la denunciada violación al principio de igualdad de armas señaló que la defensa no había demostrado el perjuicio concreto que le había provocado. La Corte entendió que el agravio referido a la imparcialidad también era improcedente, ya que en el proceso de extradición no cabe admitir la doctrina del precedente "Llerena" (Fallos: 328:1491) en tanto no existe instrucción en sentido estricto. No se persigue comprobar si existe un hecho delictuoso mediante diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, porque el pedido formal de extradición funciona en nuestro sistema procesal de forma similar a la requisitoria de elevación a juicio. En lo que se refiere al pretendido apartamiento del magistrado por haber decretado la detención del requerido y rechazado las pruebas ofrecidas por la defensa recordó que la decisión de conceder o denegar la detención domiciliaria impide, por sí, inferir acerca de qué piensa el juez sobre el mérito de la acusación, por lo que no podría hacerse valer como motivo para sostener su invocada parcialidad. En lo referido al planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, el Tribunal entendió que la tacha aparecía fundada en razones que no resultaban idénticas ni similares a aquellas que fueron ensayadas en la etapa de citación a juicio, motivo por el cual cabía considerarlo como el fruto de una reflexión tardía, máxime que las limitaciones cognoscitivas establecidas en esa norma fueron conocidas por la parte desde los inicios del procedimiento. Con relación a la doble subsunción, recordó la Corte que ésta no implica un análisis comparativo de los textos penales de ambos países ni tampoco un análisis de la prueba existente en el Estado requirente a los fines de esa comparación, sino que la “identidad” implica realizar el ejercicio mental de suponer que el hecho ha sido cometido en nuestro país y verificar, así, si éste tiene adecuación típica en nuestro ordenamiento. De acuerdo con esas pautas, entendió que los hechos invocados por la justicia extranjera, en los que se fundaron los cargos por el delito de conspiracy, permitían afirmar la existencia de ese recaudo desde la clara perspectiva del tratado aplicable entre ambos países y aun de su jurisprudencia en el tema. Agregó también que la inexistencia de un acto que -al menos- haya sometido al requerido al proceso en trámite en jurisdicción argentina, aunada a la amplitud de la imputación que el Gran Jurado hizo en su contra y a la manifiesta diversidad entre el objeto procesal de dicha causa y los hechos que justificaban el pedido, demostraban la falta de afectación a la garantía contra la doble persecución penal. Finalmente, las circunstancias alegadas en cuanto a que en la causa seguida en el Estado extranjero sus autoridades cometieron abusos e interfirieron en el accionar de la justicia, no constituyen por sí pruebas de una fragilidad institucional del sistema judicial del país requirente sino meras conjeturas, que no alcanzan para conmover la confianza que necesariamente depositan los Estados en sus respectivos sistemas de gobierno. REQUERIDO: MACHADO, FEDERICO ANDRES s/EXTRADICION

Impuesto sobre los ingresos brutos y libre circulación de mercadería en el territorio nacional

Una empresa dedicada a la cría de ganado bovino promovió una acción contra la Provincia de Formosa, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en el que alega encontrarse a partir de la exigencia de que se inscriba como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos para ingresar hacienda dentro del territorio y solicitó que se declare la inconstitucionalidad de normas del Código Fiscal y de la resolución dictada por la Dirección General de Rentas de la demandada. Considera que la legislación provincial que impugna constituye un derecho de paso e implica una barrera para la libre circulación en el territorio nacional, lo que se encuentra expresamente vedado por los artículos 9° a 11 de la Constitución Nacional. La Corte, por mayoría, declaró que la causa corresponde a su competencia originaria. Recordó que dicha competencia, en razón de la materia, solo procede cuando la acción entablada se basa directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa y que dicha situación se configura en el caso pues si bien la actora dirige la acción contra normas locales, los términos de la demanda y la efectiva substancia del pleito demuestran que la cuestión planteada exige -esencial e ineludiblemente- dilucidar si lo dispuesto en las disposiciones impugnadas interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación en lo relacionado con la regulación del comercio interjurisdiccional y al establecimiento de aduanas interiores. Con relación a la pretensión cautelar solicitada el Tribunal consideró que resultaban suficientemente acreditadas la verosimilitud en el derecho y la configuración de los demás presupuestos establecidos en el art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y decretó la medida de no innovar. En efecto, de los antecedentes aportados por la parte actora surgía que el procedimiento de control implementado por la resolución cuestionada resultaría contrario a disposiciones de carácter federal, en tanto la provincia demandada condiciona el ingreso de mercaderías provenientes de extraña jurisdicción a tener que realizar un pago a cuenta de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos cuando sean remitidas por sujetos no inscriptos ante la Dirección General de Rentas provincial. AGROPEDASCOLL S.A. c/ FORMOSA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA

Depósito previo y beneficio de litigar sin gastos

El recurrente solicitó que se dé curso a la queja con sustento en que gozaba del beneficio provisional establecido en el art. 83 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Corte desestimó lo solicitado. Recordó que si bien se han admitido los efectos del beneficio de litigar sin gastos provisional, ello ha sido sólo en los casos en que la espera de la resolución definitiva podría traer aparejado un grave peligro para la efectividad de la defensa y que el caso no tenía cabida en tales supuestos en tanto el apelante no había invocado motivos que permitieran acoger el pedido en los términos de la mencionada doctrina. Agregó que la pretensión del recurrente de que se tenga por acreditado el depósito previsto en el art. 286 del citado código mediante el pago efectuado ante la justicia federal en concepto de tasa de justicia resultaba también inadmisible, pues tal depósito debe efectuarse en el Banco de la Nación Argentina y a la orden de la Corte. El Tribunal difirió la consideración del recurso hasta tanto el presentante demuestre que le ha sido concedido efectivamente el beneficio de litigar sin gastos, debiendo informar sobre su trámite cada tres meses para evitar la perención de la instancia. Recurso Queja Nº 3 - KAUDERER, ENRIQUE HERNAN c/ AFIP-DGA s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

Obligación de los órganos jurisdiccionales de actuar con la debida diligencia - Tutela judicial efectiva

En el marco de un hecho de presunto abuso sexual de una menor de edad por parte de su tío se originó una contienda negativa de competencia entre la justicia de la Provincia de Santa Fe y un juzgado de garantías con asiento en la Provincia de Buenos Aires. La Corte decidió remitir el incidente al tribunal santafesino al efecto de que reúna los elementos necesarios para dar precisión a la denuncia y resolver, luego, de acuerdo a lo que resulte, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional respecto de la competencia en razón del territorio. Señaló que los tribunales intervinientes deberán darle inmediato trámite al expediente, adoptar las decisiones que correspondan y procurar que el daño sufrido por la víctima, hoy adulta, no se vea aún más incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia. Destacó que no podía hacer caso omiso del excesivo tiempo transcurrido desde la promoción de la denuncia y del nulo estado de avance en que se encuentra el expediente, producto de las injustificables demoras y omisiones desplegadas en el proceso por parte de los órganos intervinientes. Recordó que la víctima de un delito tiene derecho al dictado de una decisión judicial fundada por parte de un tribunal que, luego de haberle asegurado el derecho a ser oído, explique las razones por las que resuelve admitir o, en su defecto, rechazar la aplicación de una pena. Afirmó el Tribunal que la inacción de los órganos jurisdiccionales durante quince años ha comprometido el desarrollo de la investigación penal y atentado gravemente contra el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Agregó que un actuar semejante no es admisible en la tramitación de ningún expediente judicial, pero menos aun puede tolerarse en casos donde se denuncian abominables delitos de índole sexual perpetrados contra niños, niñas y adolescentes. Resaltó que no podía dejar de señalar, con preocupación, que resulta por completo inadmisible que un magistrado someta a una niña de doce años de edad a la realización de exámenes ginecológicos y luego mantenga la causa sin movimiento alguno durante largos años; esto es, a exámenes de por sí sumamente invasivos para el cuerpo y la intimidad de cualquier persona, pero más aún de una menor, y dentro de un contexto en el que lo que se denunciaba era que la niña había sido abusada sexualmente seis años atrás. La Corte, además, hizo saber del contenido de la decisión a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe a fin de que disponga las medidas que juzgue pertinentes y evalúe, en su caso, la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan. S.N. s/ incidente de competencia.

Explotación de litio y borato y amparo ambiental: competencia originaria de la Corte

Diversas comunidades aborígenes que habitan la zona y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) deducen acción de amparo contra la Provincia de Jujuy, la Provincia de Salta y el Estado Nacional con el objeto de que se les ordene suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes y realizar una gestión ambiental conjunta a fin de prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería en el sistema hídrico compartido por ambas provincias. La Corte ordenó una serie de medidas preliminares y declaró su competencia para entender en la causa por vía de la instancia originaria. Comenzó recordando que en los procesos referidos a cuestiones ambientales dicha competencia procede si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el artículo 7º, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675. Consideró cumplidos dichos recaudos ya que, según surge de los términos de la demanda y de la prueba documental agregada al expediente, las actoras pretenden tutelar sus derechos constitucionales respecto del proceso de exploración y explotación sobre un recurso natural de carácter interjurisdiccional como lo es la cuenca mencionada. Señaló el Tribunal el manifiesto carácter federal de la materia, en tanto se encuentra en juego la protección y preservación de un recurso natural de carácter interjurisdiccional y el hecho de ser partes la Provincia de Jujuy y la Provincia de Salta, quienes han sido demandadas junto con el Estado Nacional, que concurre como parte necesaria a integrar la litis en virtud de la naturaleza federal del caso cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de los actores. COMUNIDAD ABORIGEN DE SANTUARIO DE TRES POZOS Y OTRAS Y OTROS c/ JUJUY, PROVINCIA DE Y OTROS Y OTRO s/AMPARO AMBIENTAL

Predio transferido por el Estado Nacional al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: competencia para la habilitación de la infraestructura

La actora, en su carácter de sub-concesionaria de otra empresa, inició una acción declarativa contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en que se hallaba tras el conflicto de competencia suscitado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el predio denominado "Costa Salguero" luego de la sanción de la ley 25.436 por la cual se transfirió a este último el dominio sobre ese predio. La cámara hizo lugar parcialmente al reclamo pero la Corte revocó este pronunciamiento y rechazó la demanda. Comenzó aclarando que no se debatía lo relativo al dominio de las tierras en las que se encuentra emplazado el complejo, el cual después de la sanción de la ley 25.436 y el decreto local 2116/01 fue transferido a la Ciudad de Buenos Aires y que esa cuestión no tiene incidencia alguna en la causa, ya que los conceptos de dominio y jurisdicción no resultan equivalentes ni correlativos y puede existir uno sin el otro. Recordó que antes de la vigencia de la ley mencionada el titular del predio era el Estado Nacional, el cual, mediante la Administración General de Puertos, ejercía la jurisdicción sobre el mismo por tratarse de una zona portuaria. Precisó así que el punto a esclarecer consistía en determinar la validez de la intervención de la Ciudad de Buenos Aires mediante su Dirección General de Obras y Catastro clausurando -por ausencia del permiso exigido por su normativa- una obra autorizada por la Administración General de Puertos en el complejo, de dominio nacional en ese momento, sobre el cual la actora tenía derechos como sub-concesionaria. El Tribunal recordó el particular status constitucional de la Ciudad de Buenos Aires y señaló que las atribuciones de los integrantes de la federación, interpretadas de buena fe, no deben plantear ningún tipo de conflicto normativo en tanto el propio texto constitucional se encarga de brindar la respuesta para lograr que las competencias de cada esfera de gobierno se desarrollen con plenitud, sin anularse ni excluirse. Señaló que no se advertía cómo las actividades que la actora desarrollaba en el “Complejo Costa Salguero” podían emparentarse con la finalidad del establecimiento de utilidad nacional y específicamente con la actividad portuaria, como tampoco de qué modo el ejercicio del poder de policía local sobre el predio en donde la actora desarrollaba su actividad comercial pudo degradar el núcleo del interés federal resguardado, vinculado al regular funcionamiento de las actividades portuarias. Aparece así como razonable y legítima la exigencia de la habilitación pretendida por la autoridad del Gobierno de la Ciudad, cuyos alcances difieren de los perseguidos por la reglamentación nacional. Afirmó la Corte que no se observaba ninguna razón que autorizara a desconocer la competencia del gobierno local para requerir a la actora la habilitación de la infraestructura comercial aun en el supuesto de que entendiera que se trata de un bien del dominio de la Nación. Recurso Queja Nº 3 - BORDER'S PARKING SRL c/ G.C.B.A. Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

Derechos creditorios de AFIP en un concurso: graves vicios de fundamentación de la sentencia recurrida

Secreto fiscal y acceso a la información pública

Secreto fiscal y acceso a la información pública

Secreto fiscal y acceso a la información pública

Planteo que devino abstracto: carga de las costas

Límite de cobertura previsto en la póliza del seguro: fundamentación aparente y prescindencia de circunstancias relevantes

Prisión preventiva y prórroga: interpretación restrictiva y necesidad de motivación suficiente

Juicio criminal: adecuada asistencia legal para la interposición del recurso extraordinario

Descalificación del auto de concesión del recurso extraordinario que no aparece debidamente fundado

Base de Datos de Cuentacorrentistas Inhabilitados administrada por el Banco Central de la República Argentina

Acceso ilegítimo a cuentas personales de redes sociales: conflicto de competencia

Conflicto de competencia: subasta de bienes en la quiebra y pretensión de asegurar activos sujetos a eventual decomiso

Incidente de revisión y derecho a una rápida y eficaz decisión judicial

Rechazo de la verificación de la deuda reclamada por la AFIP: arbitrariedad de la sentencia

Derechos por ocupación o uso de espacios públicos - Doctrina de la arbitrariedad de sentencias