Derecho constitucional a ser juzgado y sentenciado sin dilaciones indebidas

La cámara anuló la sentencia del tribunal oral que había absuelto al imputado respecto del delito de asociación ilícita, por el que había sido reenviado a juicio, y ordenó la realización de un nuevo debate. La Corte dejó sin efecto esta decisión por considerar que contraviene la doctrina constitucional derivada del conocido precedente "Mattei" (Fallos: 272:188). Consideró especialmente relevante el hecho de que la reanudación dispuesta ocurría más de diez años después de pronunciada la segunda sentencia absolutoria, tras un injustificadamente prolongado procedimiento de más de siete años sólo dedicado a resolver la cuestión incidental sobre la prescripción de la acción penal, y cuando ya habían pasado veinticuatro años desde la comisión de los hechos imputados, por algunos de los cuales el recurrente ya había sido condenado en el primer juicio. Recordó el Tribunal que es una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad de las personas, el reconocimiento del derecho de todo individuo a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal. Aseguró que el dilatado mantenimiento de la situación de incertidumbre procesal no se condice con los derechos que, con base en la garantía constitucional del debido proceso y en normas del derecho internacional de los derechos humanos con idéntica jerarquía se ha reconocido en materia del derecho constitucional a ser juzgado y sentenciado sin dilaciones indebidas.

Conculca el derecho a ser juzgado en un plazo razonable la decisión que ordena la realización de un nuevo debate, pues sin perjuicio de la potestad recursiva reconocida al Ministerio Público, ella contraviene la doctrina constitucional de la Corte establecida en el precedente “Mattei” (Fallos: 272:188), al ser dispuesta más de diez años después de pronunciada la segunda sentencia absolutoria, tras un injustificadamente prolongado procedimiento de más de siete años sólo dedicado a resolver la cuestión incidental sobre la prescripción de la acción penal, y cuando ya han pasado veinticuatro años desde la comisión de los hechos imputados.

Debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que compota el enjuiciamiento pena.

La alegación razonable de que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable ha sido conculcado exige tutela inmediata.

Es una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad de las personas, el reconocimiento del derecho de todo individuo a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal.

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