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EXPERIENCIA JURÍDICA DEL EQUIPO LEGALDOC ◆ DESALOJO ◆ Reunimos 711 sumarios jurisprudenciales en la recopilación aportada sobre desalojo y cuestiones relacionadas. En el equipo LegalDoc, su selección y comparación nos permitió ordenar los criterios alrededor de una pregunta central: cuándo existe una obligación exigible de devolver el inmueble y mediante qué proceso puede hacerse efectiva. Para esta exposición articulamos 51 sumarios representativos, con especial presencia de jurisprudencia santafesina. El análisis se apoya en los sumarios suministrados y conserva las diferencias entre jurisdicciones, circunstancias y regímenes normativos, sin afirmar que todos los precedentes expresen una solución uniforme.
LeerEXPERIENCIA JURÍDICA DEL EQUIPO LEGALDOC ◆ LA PRUEBA TESTIMONIAL ◆ Reunimos 728 sumarios jurisprudenciales en la recopilación aportada. En el equipo LegalDoc, la selección y comparación de sus criterios nos permitió organizar los problemas de la prueba testimonial alrededor de tres cuestiones: quién puede declarar, cómo debe incorporarse su declaración y por qué sus dichos merecen credibilidad. Esta exposición desarrolla una selección de 44 sumarios representativos, con especial presencia de jurisprudencia santafesina. Trabajamos sobre los sumarios suministrados, conservando las diferencias entre materias, jurisdicciones y momentos normativos, sin atribuir a todos los tribunales una solución uniforme.
LeerEXPERIENCIA JURÍDICA DEL EQUIPO LEGALDOC ◆ USUCAPIÓN: POSESIÓN, PRUEBA Y ADQUISICIÓN DEL DOMINIO ◆ Reunimos 617 registros de sumarios jurisprudenciales en una recopilación centrada en la prescripción adquisitiva. En el equipo LegalDoc, su selección y comparación nos permitió organizar los principales problemas de la usucapión: qué significa poseer como dueño, cómo se acredita esa posesión, desde cuándo se cuenta el plazo y qué condiciones debe reunir el proceso. Para esta exposición articulamos 54 sumarios representativos directamente vinculados con el tema, sin equiparar la cantidad de registros con la de sentencias ni incluir menciones ajenas a la materia. Se basa en los sumarios aportados y conserva las diferencias entre jurisdicciones y regímenes normativos.
LeerEXPERIENCIA JURÍDICA DEL EQUIPO LEGALDOC Hurto, estafa y operaciones bancarias Reunimos 16 sumarios jurisprudenciales de tres decisiones sobre hurto, apoderamiento de cosas muebles y maniobras bancarias. En nuestro trabajo de análisis y sistematización en LegalDoc, su comparación nos permitió advertir que la diferencia entre sustraer un bien y defraudar un patrimonio exige reconstruir cómo se produjo el perjuicio. El carácter físico o contable del objeto, la intervención de la víctima y la eventual manipulación del sistema informático son cuestiones distintas que deben examinarse conjuntamente. Esta exposición se basa en los sumarios recopilados; no constituye una revisión integral de los expedientes.L
LeerEXPERIENCIA JURÍDICA DEL EQUIPO LEGALDOC Prejudicialidad penal y decisión judicial Reunimos 116 sumarios jurisprudenciales sobre prejudicialidad penal y sus proyecciones civiles, laborales y administrativas. En el equipo LegalDoc, su comparación nos permitió distinguir tres problemas relacionados: cuándo debe esperarse la definición penal, cuándo puede avanzarse con la sentencia resarcitoria y qué cuestiones quedan vinculadas por un pronunciamiento penal ya dictado. Esta exposición se basa en los sumarios aportados, que incluyen decisiones bajo el Código Civil anterior y otras bajo el Código Civil y Comercial. Esa diferencia temporal exige conservar el régimen normativo de cada precedente.
LeerReunimos 14 sumarios jurisprudenciales sobre el procedimiento aplicable a las acciones de consumo.
LeerLa cámara declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto prohíben la actualización monetaria, por variación de costos o por cualquier otra forma de repotenciación de las deudas y determinó que las prestaciones dinerarias reconocidas con fundamento en la ley 24.557 se reajusten por aplicación del Índice de Precios al Consumidor más un interés del 3%. La Corte dejó sin efecto esta sentencia. Tuvo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto normativo constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico. Agregó que no debe recurrirse a ello sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar. Siguiendo esta línea, consideró que la decisión del tribunal apelado aparecía manifiestamente infundada e innecesaria para resolver la cuestión debatida ya que había adoptado esa extrema medida jurisdiccional con argumentos genéricos e imprecisos y había soslayado una solución normativa cuya aplicación al caso debió haber considerado antes de adoptar aquella. ENCINA, HILDA ZULEMA (23819) c/ ART INTERACCION S.A. Y OTRO s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
LeerLa cámara hizo lugar al recurso del actor -que sufrió un accidente mientras cumplía tareas de vigilador para su empleadora- e incorporó el daño psicológico y elevó el importe de la condena. La Corte dejó sin efecto esta sentencia por considerar que se apartó de las conclusiones periciales de modo dogmático y fijó la indemnización por incapacidad sin fundamento alguno. Consideró que al afirmar que había existido un daño psicológico, el tribunal se limitó a sostener que ello constituía una derivación forzosa de la minusvalía física del actor y del hecho de que había corrido riesgo su vida pero que esa conclusión carecía por completo de fundamento científico y además contradecía abiertamente las conclusiones de la experta, que había determinado de modo categórico la inexistencia de dicho daño. Agregó que el tribunal no indicó en modo alguno qué deficiencias del informe técnico justificarían apartarse de sus conclusiones. Recurso Queja Nº 1 - VERA, JOSE ANTONIO c/ ASOCIART ART S.A. Y OTRO s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
LeerEl juez de primera instancia hizo lugar al pedido de extradición de la Federación de Rusia respecto de un nacional de ese país para ser sometido a proceso por la comisión de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópica. Ante el recurso de la defensa la Corte confirmó el fallo recurrido. En primer lugar desestimó por tardío el planteo por el que la parte postula el rechazo de la entrega con base en la aplicación del principio in dubio pro reo por no advertir una razón de orden público que justifique adoptar otro temperamento respecto de su intempestividad. En cuanto al cuestionamiento según el cual no se había acompañado copia de la resolución judicial que ordenó el libramiento de la solicitud de extradición señaló que no puede prosperar, en tanto soslaya que los términos de la resolución dictada por el juez extranjero, cuya copia fue acompañada por el país requirente al presentar el pedido de extradición, son suficientemente explícitos en aludir a que se disponía la detención del requerido y ello con relación a su extradición, en atención a que el nombrado se encontraría en el listado de buscados a nivel internacional y con base en la norma procesal que prevé el dictado de esa medida para esa clase de supuestos. También rechazó el Tribunal los planteos referidos a la verificación del requisito de la doble incriminación. Consideró infundada la crítica relativa a la falta de verificación de la doble subsunción entre el delito reprimido por el artículo 228.1 del código penal ruso y el artículo 5° de la ley 23.737 ya que el apelante no se hizo debidamente cargo de que el a quo subsumió este hecho bajo la figura del citado artículo 5° y de los artículos 42 y 44 del Código Penal relativos al delito tentado ni, tampoco, desarrolló razón alguna por la que la descripción del hecho informada en la requisitoria no tenga para el derecho argentino, como mínimo, esa relevancia típica. La alegada prescripción de la acción penal que, en términos genéricos, invocó la parte fue considerada un planteo insustancial en atención al extremo, que ella misma reconoce, que el país requirente informó que, conforme a su derecho interno, la acción penal relativa a los hechos que constituyen objeto de esta requisitoria se encuentra suspendida por haberse fugado el requerido. Finalmente, la Corte desestimó los planteos referidos a los potenciales temores de sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de que no se respetarán debidamente las garantías judiciales del extraditable ya que el recurrente no refutó eficazmente lo resuelto al respecto en la sentencia apelada, con relación a la falta de acreditación de un riesgo cierto y actual que afecte al requerido. IMPUTADO: G, I. s/EXTRADICION
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