Contienda de competencia y Registro Público de Procesos Colectivos

Un juzgado nacional de primera instancia en lo comercial se declaró incompetente en las actuaciones en las que la asociación actora promovió demanda contra la ART a fin de que se la condene a reintegrar el importe del capital destinado al "Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales", creado por el decreto 590/97. Ello originó una contienda de competencia que, aun cuando no fue trabada correctamente, la Corte consideró aconsejable dirimir por razones de economía y celeridad procesal. Señaló el Tribunal que en una competencia resuelta el 28 de mayo de 2013 relativa a un conflicto similar había entendido que correspondía, en razón de la materia, que la causa fuera decidida por la justicia federal. Y que, según surge del Registro Público de Procesos Colectivos, existen inscriptos —bajo el régimen de la acordada 32/2014— varios procesos colectivos con el mismo objeto que están tramitando en los fueros nacional en lo comercial y de la seguridad social. Consideró así que la situación excepcional que se suscitó con la tramitación de estas acciones colectivas ameritaba el dictado de una resolución de especie que pusiera fin a la incertidumbre en la que se encuentran sumidos los litigantes y los propios tribunales. Tuvo en cuenta que en cuanto a la radicación de todas las causas con objeto idéntico ante un mismo tribunal debe tenerse en cuenta que la competencia federal en razón de la materia es improrrogable, privativa y excluyente de la ordinaria, sin que el consentimiento ni el silencio de los litigantes sean hábiles para derogar esos principios y que la incompetencia del fuero ordinario puede promoverse sobre esa base en cualquier estado del litigio. También reconoció la importancia de la preferencia temporal en el marco de los procesos colectivos a fin de unificar su trámite en aquel tribunal que hubiera prevenido en la materia. En virtud de ello la Corte resolvió que los jueces intervinientes en los procesos colectivos cuyo objeto sea declarar como práctica abusiva, ilegal e ilegítima la utilización del dinero perteneciente al fondo fiduciario mencionado y condenar a las demandadas a reintegrar el importe total del capital correspondiente, deberán unificar su trámite en el juzgado federal de la seguridad social que primero inscribió en el Registro Público de Procesos Colectivos una causa con objeto idéntico. En la misma fecha, en sentido análogo, se resolvieron COM 20351/2013 y CSS 9075/2010. CONSUMIDORES ARG. ASOC. P/LA DEF. EDUC. E INF. DE LOS C c/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. s/OTROS - TRIBUTARIOS

Corresponde unificar en el juzgado federal de la seguridad social las acciones colectivas cuyo objeto sea declarar como práctica abusiva, ilegal e ilegítima la utilización del dinero perteneciente al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales y condenar a las ART demandadas a reintegrar el importe total del capital, pues dicho tribunal fue el primero que inscribió en el Registro Público de Procesos Colectivos una causa con objeto idéntico sumado a que debe tenerse en cuenta que la competencia federal en razón de la materia es improrrogable, privativa y excluyente de la ordinaria; sin que tal decisión implique consagrar un criterio genérico de prevención para los procesos colectivos promovidos bajo la vigencia de la acordada 32/2014. 

Toda vez que del Registro Público de Procesos Colectivos surge que existen inscriptos -bajo el régimen de la acordada 32/2014- varios procesos colectivos con el mismo objeto –reclamo para que se condene a la ART demandada a reintegrar el importe total del capital correspondiente al “Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales” por haberlos destinado en forma abusiva para objetivos diversos a los que fue creado- que están tramitando en los fueros nacional en lo comercial y de la seguridad social y donde los tribunales han seguido diferentes pautas de asignación, ello amerita el dictado de una resolución de la Corte que ponga fin a la incertidumbre en la que se encuentran sumidos los litigantes y los propios tribunales. 

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