DESALOJO

EXPERIENCIA JURÍDICA DEL EQUIPO LEGALDOC ◆ DESALOJO ◆ Reunimos 711 sumarios jurisprudenciales en la recopilación aportada sobre desalojo y cuestiones relacionadas. En el equipo LegalDoc, su selección y comparación nos permitió ordenar los criterios alrededor de una pregunta central: cuándo existe una obligación exigible de devolver el inmueble y mediante qué proceso puede hacerse efectiva. Para esta exposición articulamos 51 sumarios representativos, con especial presencia de jurisprudencia santafesina. El análisis se apoya en los sumarios suministrados y conserva las diferencias entre jurisdicciones, circunstancias y regímenes normativos, sin afirmar que todos los precedentes expresen una solución uniforme.

 

EXPERIENCIA JURÍDICA DEL EQUIPO LEGALDOC

◆ DESALOJO ◆

Reunimos 711 sumarios jurisprudenciales en la recopilación aportada sobre desalojo y cuestiones relacionadas. En el equipo LegalDoc, su selección y comparación nos permitió ordenar los criterios alrededor de una pregunta central: cuándo existe una obligación exigible de devolver el inmueble y mediante qué proceso puede hacerse efectiva. Para esta exposición articulamos 51 sumarios representativos, con especial presencia de jurisprudencia santafesina. El análisis se apoya en los sumarios suministrados y conserva las diferencias entre jurisdicciones, circunstancias y regímenes normativos, sin afirmar que todos los precedentes expresen una solución uniforme.

◆ EL DESALOJO EN GENERAL ◆

El fundamento común consiste en hacer efectiva una obligación exigible de restituir. En “Roth de Carro, Mariana Beatriz c/ La Ela S.R.L. y otro s/ desalojo: otras causales” (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 14, 26/04/2017, ID 137009), se exige al actor acreditar tanto su legitimación como el incumplimiento que autoriza a reclamar la devolución. Esta estructura permite entender por qué la sola ocupación material no resuelve el litigio: interesa conocer de dónde proviene, qué derecho la sostiene y por qué habría cesado.

En “Ferreyra, Sofia Norma c/ Rios, Jorge Andres y otros s/ juicio desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala IV, 26/08/2025, ID 128126), el proceso especial se limita a la restitución de la tenencia u ocupación material y no decide definitivamente los derechos de posesión o dominio. Su finalidad específica orienta la prueba y las defensas admisibles, pero también marca sus límites: obtener la entrega no equivale a resolver toda controversia jurídica vinculada con el inmueble.

◆ LEGITIMACIÓN: EL DERECHO A RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN ◆

En “Roth de Carro, Mariana Beatriz c/ La Ela S.R.L. y otro s/ desalojo: otras causales” (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 14, 26/04/2017, ID 137008), la calidad de locador basta para exigir la restitución, sin necesidad de demostrar dominio, con referencia al Código Civil anterior. En “Althabe, Adriana Maria y otros c/ Rios, Roque Ruben s/ desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala III, 25/02/2026, IDs 134813 y 134814), el voto del doctor Sergio José Barberio funda la legitimación en la condición de comodante y en los artículos 1533 y 1541 del Código Civil y Comercial. Acreditado el comodato con firmas certificadas, corresponde al demandado demostrar un título mejor para retener. La fuente contractual de la obligación explica en ambos supuestos por qué discutir solamente la propiedad puede resultar insuficiente.

La carga inicial del actor se conserva en “Massa, Roberto Omar c/ Rosaura Campos - desalojo” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de Córdoba, 27/10/1999, ID 89544): la falta de prueba del comodato o del precariato conduce al rechazo, aunque el demandado tampoco demuestre la posesión que invoca. La debilidad de una defensa no reemplaza la acreditación del presupuesto de la demanda. La comparación obliga a distinguir el supuesto en que el contrato ya está probado de aquel en que su existencia permanece sin demostrar.

◆ PROPIEDAD INVOCADA Y POSESIÓN ANTERIOR: CRITERIOS DIFERENTES ◆

La legitimación basada en el dominio presenta matices. En “Ferreyra, Sofia Norma c/ Rios, Jorge Andres y otros s/ juicio desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala IV, 26/08/2025, ID 128124), la falta de posesión directa no excluye al propietario cuando están acreditados su derecho y la obligación de restituir. En “Paz, Veronica Lorena c/ Paz, Marta Josefina y otros s/ desalojo” (Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe, 23/03/2023, ID 94596), el criterio recogido exige título y posesión a quien promueve el desalojo como propietario y rechaza esa vía si nunca recibió la tenencia cuya recuperación pretende. No corresponde borrar la divergencia: debe identificarse el título invocado, la relación con el ocupante y el criterio jurisdiccional aplicable.

◆ LA DEFENSA DE POSESIÓN Y LA INTERVERSIÓN DEL TÍTULO ◆

En “Ferreyra, Sofia Norma c/ Rios, Jorge Andres y otros s/ juicio desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala IV, 26/08/2025, ID 128125), la mera afirmación de poseer no obliga a rechazar el desalojo. El juez debe verificar la seriedad de la defensa; el tiempo transcurrido, los servicios abonados y las mejoras no prueban por sí solos ánimo de dueño ni interversión del título. La cuestión requiere valorar actos y antecedentes concretos, especialmente cuando el ingreso ocurrió reconociendo un derecho ajeno. Esa comprobación permite decidir si existe obligación de devolver, sin convertir el proceso en un juicio definitivo de usucapión.

El límite de sus efectos aparece en “Santilli, Gustavo Ariel y otro c/ López, Máximo y otro s/ daños y perjuicios” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV, 17/12/2014, ID 125514): conforme al artículo 526 del Código Procesal Civil y Comercial santafesino, la sentencia de desalojo no hace cosa juzgada material sobre los derechos de posesión o dominio invocados en otro juicio. El pronunciamiento debe leerse según lo que efectivamente resolvió, preservando las cuestiones reservadas a un debate más amplio.

◆ HEREDEROS: RECLAMAR A UN TERCERO Y EXCLUIR A UN COHEREDERO ◆

En “Trovato, Gloria Raquel y otro/a c/ Bocchio, Marta Susana s/ desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala I, 23/11/2017, IDs 124953 y 124952), se reconoce legitimación a coherederos para recuperar el inmueble ocupado por una locataria, como actuación conservatoria de los intereses hereditarios, sin exigir adjudicación previa. En cambio, en “Bruno, Elisa Antonia c/ Bruno, Ana María s/ desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, 06/09/2012, ID 16812), se rechaza el desalojo dirigido contra otra coheredera en posesión de su cuota, porque no media obligación exigible de restituir y la administración o división corresponde al sucesorio. Ambos criterios fueron formulados con normas del Código Civil anterior. Su comparación distingue la defensa del patrimonio común frente a terceros del intento de desplazar a quien participa de ese mismo patrimonio.

◆ VENCIMIENTO, CONTINUACIÓN DE LA LOCACIÓN Y FALTA DE PAGO ◆

En “Grupo Cincuenta y Cuatro Once S.R.L. c/ Muñoz, Maria Aurelia s/ desalojo por vencimiento de contrato” (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 80, 19/09/2025, ID 124852), se aplica el artículo 1218 del Código Civil y Comercial: la permanencia después del vencimiento configura continuación de la locación concluida, en lugar de una tácita reconducción. El precedente considera que la demanda exteriorizó la voluntad de obtener la restitución. La continuación material y el nacimiento de un nuevo plazo contractual deben, por ello, diferenciarse.

En “Sistema Finaer S.A. y otro c/ Garcia Garbini, Nestor Manuel y otros s/ desalojo por falta de pago” (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 52, 18/06/2021, ID 136675), la falta de pago de dos períodos consecutivos habilita la disolución del vínculo conforme al artículo 1219, inciso c), y la ejecución de la obligación de devolver. La causal y los recaudos deben analizarse según la normativa que gobierna la relación concreta; la fecha reciente de otro pronunciamiento no autoriza a trasladar sus condiciones a contratos sujetos a un régimen diferente.

◆ INTIMACIÓN PREVIA Y DIFERENCIAS SOBRE SU EFICACIA ◆

Los precedentes dictados bajo la Ley 23.091 muestran diferencias relevantes. En “Martini Mayoraz, Juan Ignacio c/ Sordian, Mariel Noemí s/ desalojo” (Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe, 23/06/2016, ID 19341), la intimación previa del artículo 5 se caracteriza como condición para promover válidamente el proceso. En “Pujol, Guillermo Luis c/ Leclerc, Nora Del Carmen s/ desalojo” (Cámara de Apelación de Circuito de Rosario, 30/06/2011, ID 8592), sus omisiones o defectos no impiden el progreso cuando no se acredita el pago ni se ofrece cumplir, y se considera suficiente la notificación de la demanda. Conservamos ese marco histórico: son posiciones sobre la función y consecuencias de un recaudo concreto, no una autorización general para omitir intimaciones exigidas por el régimen aplicable.

◆ MEJORAS Y DERECHO DE RETENCIÓN ◆

En “Tren Patagónico S.A. c/ Marchesi, Carlos Federico s/ desalojo” (Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº 13 de Bariloche, Río Negro, 20/05/2026, IDs 137101 y 137100), la reserva de reclamar mejoras y ejercer eventualmente retención no impide la devolución una vez concluida la locación. En “Valdes, Carlos Gustavo c/ Azpeitia, Leandro Hernán s/ desalojo” (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, Río Negro, 12/05/2025, ID 137099), la retención requiere acreditar una obligación cierta y exigible; la falta de prueba de desembolsos y de saldo favorable impide sostenerla, dejando a salvo el reclamo autónomo. Realizar obras, tener derecho a su reembolso y poder retener son cuestiones que necesitan fundamentos diferenciados.

La selección también contiene otros enfoques. En “Sanchez, Walter Oscar c/ Uvilla, Marcelo s/ desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, 08/04/2014, ID 17569), para la defensa de retención se exige verosimilitud del crédito cuando no se pretende cobrar allí las mejoras, aunque la prueba resulta insuficiente. En “Bonetto, Zunilda Margarita c/ Calveira, Sandra Liliana y otros s/ juicio desalojo” (Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe, 18/09/2023, ID 103159), se mantiene el desalojo y se exige fianza al actor para responder por eventuales créditos que deberán ventilarse por separado. La relación entre mejoras y lanzamiento depende así del régimen procesal, de la forma de plantear la defensa y de su respaldo probatorio.

◆ ARRENDAMIENTO RURAL, COMPENSACIÓN Y BUENA FE ◆

En “Zinger, Boris Salomon c/ Franzotti, Hugo Marcelo s/ desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Sala II, 13/03/2026, IDs 130043 y 130041), las reparaciones urgentes y necesarias, comunicadas y acreditadas, pueden compensarse con cánones adeudados, sin configurar falta de pago esencial. El precedente considera abusivo reactivar el desalojo luego de tolerar esas reparaciones y recibir pagos sin reserva. Esta hipótesis se distingue del crédito por mejoras que se reserva para otro juicio: aquí se discute si existe el incumplimiento invocado para resolver la relación. La conducta anterior de las partes integra ese examen.

En “R. D. C., M. B. c/ La Ela S.R.L. y otro s/ desalojo: otras causales” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, 18/04/2018, IDs 137005, 137003 y 137000), la muerte del usufructuario extingue el sostén de la locación y habilita al propietario a reclamar la devolución. Sin embargo, al comprender parcelas agrícolas, se fija un plazo prudencial de cuarenta días para retirar cosechas, maquinaria y personal, con referencia al artículo 20 de la Ley 13.246. La procedencia de la restitución y las condiciones de su cumplimiento requieren decisiones propias.

◆ VIVIENDA FAMILIAR Y PERSPECTIVA DE GÉNERO ◆

En “Maciel, Alejandro c/ Blanca Ester Fernández y/o demás ocupantes s/ desalojo” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, Sala I, 27/07/2021, IDs 110106, 110105, 110104 y 110107), el voto del doctor Retegui sostiene que, acreditado el cese de una unión convivencial, correspondía reconducir el conflicto a un proceso de familia. Relaciona la vivienda con la compensación económica, la atribución de uso y la distribución de bienes, y advierte que ordenar la entrega para remitir luego a la mujer a otro juicio reforzaba la desigualdad. La sustancia familiar del conflicto exige aquí una respuesta que el proceso de restitución, por su objeto, no satisface.

En “G., G. N. c/ S., J. C. - desalojo” (Juzgado Civil y Comercial de Corral de Bustos Ifflinger, Córdoba, 17/03/2025, IDs 133786, 133794, 133793 y 133792), se admite el desalojo del exconviviente no propietario y se pondera la violencia contra la mujer titular del inmueble. No se considera suficiente invocar el artículo 526 sin acreditar la necesidad habitacional exigida. La perspectiva de género conduce en este caso a proteger el goce de la propietaria frente al agresor. El contraste muestra por qué aquella perspectiva requiere examinar la relación concreta, la asimetría y los derechos invocados, sin predeterminar una única respuesta favorable o contraria al desalojo.

◆ NIÑEZ, VIVIENDA Y CONDICIONES DEL LANZAMIENTO ◆

En “C., H. A. c/ R., S. y otros s/ desalojo: intrusos” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, 17/04/2026, ID 130339), la presencia de menores no impide ejecutar la sentencia, sin perjuicio de la intervención estatal para resguardar la vivienda. En “G., Juan Marcelo y otra c/ Battaglini, Malvina y/o terceros ocupantes s/ desalojo” (Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, 11/02/2019, IDs 48182 y 48184), la tutela de la niñez se armoniza con la propiedad mediante condiciones concretas: plazo de sesenta días, intervención municipal, entrevista con los menores y notificación a la representación correspondiente. La vulnerabilidad incide en cómo se ejecuta la decisión y en las medidas de protección, aunque no suprima por sí sola la obligación de restituir.

◆ DESALOJO LABORAL Y CAUSA DE LA OCUPACIÓN ◆

En “Asociación Mutual de Viajantes, Corredores y Representantes de Venado Tuerto c/ Romero, Jose Alberto y/o s/ desalojo laboral” (Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de Venado Tuerto, 22/10/2012, ID 59510), el artículo 142 del Código Procesal Laboral santafesino permite disponer la desocupación, previa audiencia del trabajador y acreditación de la causal. La finalización del vínculo hace exigible la devolución de la vivienda cedida como accesorio de esa relación. No basta la existencia de un inmueble ocupado: el origen laboral de la entrega explica tanto el presupuesto de restitución como el tratamiento procesal específico.

◆ ENTREGA ANTICIPADA Y DEFENSA EN JUICIO ◆

En “Pozzi, Marcelo J. c/ Almada, Melisa y otro s/ desalojo” (Juzgado de Primera Instancia de Circuito Nº 2 de Rosario, 11/06/2015, IDs 129370 y 129367), la constatación de una ocupación reciente sin título permite tener por configurada la verosimilitud exigida por el artículo 517, sin prueba plena de la intrusión. La tutela se describe como provisional y susceptible de modificación por la sentencia definitiva. En “Laborde, Eduardo Enrique c/ Blanco, Roque Jacinto s/ desalojo” (Cámara de Apelación de Circuito de Rosario, 13/09/2018, ID 105361), el lanzamiento anticipado no se considera por sí mismo contrario a la defensa en juicio, aunque su aplicación debe conservar razonabilidad constitucional. Anticipar la entrega exige justificar los presupuestos de la medida; no equivale a prescindir del control judicial ni del contradictorio previsto por la ley.

◆ ESPECIALIDAD PROCESAL, PRUEBA Y APELACIÓN ◆

En “Amoroso, Carlos Alberto contra Farto, Ovidio Raúl y/o terceros ocupantes - desalojo - sobre recurso de inconstitucionalidad” (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, 15/06/2010, IDs 14273 y 14272), la especialidad del desalojo y el límite probatorio del artículo 522 no justifican omitir cuestiones sustanciales que integraron la litis, fueron consentidas y contaron con prueba producida. El procedimiento conserva su objeto, pero su invocación no puede reemplazar la respuesta fundada a una controversia efectivamente incorporada.

En “Lopez, Ramiro y otros c/ Hutka, Clara Adriana y otros s/ juicio desalojo” (Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe, 29/12/2021, ID 64238), el carácter especial determina que la apelación se conceda en relación, conforme a los artículos 350 y 351. En “Giannini, Nora S. c/ Drincovich, Alberto s/ demanda ordinaria (acción de restitución)” (Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino, 08/08/2011, ID 134005), se reconoce al juez la facultad del artículo 523 para modificar el efecto suspensivo por el devolutivo. Son planos diferentes: la forma de tramitar la apelación y su incidencia sobre la ejecución. Confundirlos puede llevar a conclusiones equivocadas acerca de cuándo es posible efectivizar la entrega.

◆ RESTITUCIÓN EFECTIVA, HECHOS SOBREVINIENTES Y COSTAS ◆

En “Stepnik, Lidia María c/ Polla, Mario s/ desalojo” (Cámara de Apelación de Circuito de Rosario, 11/08/2011, IDs 9766 y 9765), bajo el régimen entonces aplicable, la desocupación física se diferencia de la restitución cierta e inequívoca al locador, cuya prueba requiere rigor si falta recibo. En “Seoane, Maria Sara c/ Cano, Carmen Susana s/ desalojo (costas)” (Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe, 14/11/2017, IDs 48161 y 48159), la entrega de llaves sustrae la materia del desalojo, pero no elimina las consecuencias económicas de haber obligado a demandar. Se mantienen las costas al demandado porque la pretensión era procedente al iniciarse y su conducta posterior no fue oportuna.

Una situación diferente se presenta en “Murseli, Armando Enrique c/ Castaño, Francisco Jesus y otros s/ desalojo: otras causales” (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 75, 27/09/2019, ID 90899): demandados anticipadamente, los ocupantes restituyeron dentro del término y las costas se impusieron al actor. La entrega posterior no produce una respuesta económica automática. Importan la exigibilidad inicial, la conducta procesal y el cumplimiento dentro o fuera del plazo debido.

La experiencia de sistematización del equipo LegalDoc nos lleva a ordenar cada conflicto desde la fuente de la ocupación y la obligación de devolver. Después corresponde examinar quién puede exigirla, qué defensa se ha acreditado, cuál es el alcance del procedimiento y cómo debe ejecutarse la decisión. La celeridad del desalojo adquiere sentido cuando se combina con una delimitación precisa del debate, una prueba suficiente y una respuesta fundada a las circunstancias personales y jurídicas del caso.

8 de noviembre de 2026

ID137009, ID128126, ID137008, ID134813, ID134814, ID89544, ID128124, ID94596, ID128125, ID125514, ID124953, ID124952, ID16812, ID124852, ID136675, ID19341, ID8592, ID137101, ID137100, ID137099, ID17569, ID103159, ID130043, ID130041, ID137005, ID137003, ID137000, ID110106, ID110105, ID110104, ID110107, ID133786, ID133794, ID133793, ID133792, ID130339, ID48182, ID48184, ID59510, ID129370, ID129367, ID105361, ID14273, ID14272, ID64238, ID134005, ID9766, ID9765, ID48161, ID48159, ID90899